Alternativa por Colmenarejo

AxC PROPONE UN DEBATE SOBRE “EL ESTADO DEL MUNICIPIO”

El estado de abandono y desgobierno del municipio obliga a “ALTERNATIVA POR COLMENAREJO”, a pedir a  la Alcaldesa de Colmenarejo, que dé cuenta de su gestión al frente del Equipo de Gobierno, y escuche las propuestas de la oposición y de los vecinos en un DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO.

Colmenarejo está sufriendo en estos últimos años la dejación del Equipo de Gobierno en la prestación del mantenimiento y servicios municipales.

Carteles de tráfico que están obsoletos desde hace más de diez años, pintadas en las señalizaciones de las calles, basura acumulada  en zonas de tránsito público, coches encima de muchas aceras y bloqueando la circulación, abandono del mantenimiento de los parques municipales, falta de disciplina urbanística, agresiones al medio ambiente, ineficacia de la policía municipal, desmantelamiento de la participación ciudadana, pésima gestión económica del municipio con déficits en los dos últimos ejercicios, falta de información y transparencia, inversiones públicas desastrosas, decisiones arbitrarias  y un largo etc., avalan los argumentos con los que cuenta “ALTERNATIVA por COLMENAREJO”, para pedir a la Alcaldesa y a los grupos municipales que se convoque un Pleno Extraordinario en el que la Alcaldesa dé cuenta de sus gestión de los últimos tres años,  transcurridos ya más de las tres cuartas partes de su mandato municipal, y exponga junto al resto de los grupos políticos las soluciones a esta deficitaria gestión.

Los vecinos, a los que hay que prestarles los servicios que los ayuntamientos tienen asignados por ley, no entienden por qué se está degradando hasta estos extremos por una parte el mantenimiento de los servicios y por otra el trato casi vejatorio que se les da cuando van a exponer algún asunto al ayuntamiento. Especialmente a algunas organizaciones ciudadanas que, precisamente por reivindicar los derechos ciudadanos, son molestas al Equipo de Gobierno.

En la petición que “ALTERNATIVA POR COLMENAREJO” ha presentado, se pide a la Sra. Alcaldesa que convoque un sesión plenaria extraordinaria para que dé cuenta de su gestión, y que permita a los grupos municipales hacer una evaluación de la misma y propongan entre todos los concejales medidas para corregir las deficiencias que tras el análisis de la situación del municipio sean convenientes.

Dar cuenta de la gestión de los asuntos públicos es una obligación de la alcaldesa y recibir esa información un derecho de los vecinos de Colmenarejo. El control de los órganos de gobierno es una competencia que tiene el Pleno del ayuntamiento y su convocatoria depende de la alcaldesa y de –solo- una cuarta parte de los miembros de la corporación, es decir de 4 concejales.

“ALTERNATIVA POR COLMENAREJO”, distribuye la responsabilidad de la convocatoria de esta sesión para el DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO, en primer lugar a la Alcaldesa que es la que tiene la competencia para convocar sesiones plenarias y, en segundo lugar, al resto de los grupos políticos municipales que, con solo cuatro concejales que lo pidan, fuerzan a la Sra. Alcaldesa, por ley,  a convocar el debate en un plazo de quince días.

La responsabilidad de la gestión del municipio no solo corresponde al Equipo de Gobierno, sino que, en cuanto que el Pleno y los Concejales pueden controlar esta gestión, está compartida por el resto de los grupos políticos que constituyen el Pleno del ayuntamiento.

“ALTERNATIVA POR COLMENAREJO”, ha enviado copia de su petición al todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento pidiendo que soliciten la convocatoria del pleno extraordinario para el DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO, entendiendo que no pueden eludir su responsabilidad de hacer la crítica de la gestión del Equipo de Gobierno, como corresponde a la oposición, ni de plantear alternativas a las carencias, deficiencias y errores del Equipo de Gobierno.

“ALTERNATIVA POR COLMENAREJO”,  un partido que surge desde el movimiento de participación ciudadana, se compromete a que cuando estén en el ayuntamiento, todos los años habrá un debate sobre el ESTADO DEL MUNICIPIO con la más amplia participación en el que se someta a la valoración de los vecinos la gestión del Equipo de Gobierno y se consideren las propuestas, provengan de donde provengan, que tiendan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y su integración y participación en la vida local y la transparencia de las actuaciones del Ayuntamiento .

Colmenarejo y el centro de interpretación de abejas

Con una deuda que supera los 3 millones de euros y muchas de sus infraestructuras en precario (alumbrado, asfaltado, aceras… o el propio Centro de Mayores), el Ayuntamiento de Colmenarejo, que preside María Isabel Peces Barba, ha decidido gastarse más de 600.000 euros del ‘Plan E’ en un Centro de Interpretación de abejas que estaría ubicado en las proximidades del Club Náutico de Valmayor y cuya explotación aún no se sabe si correrá a cargo de personal municipal o estará privatizada. En cualquier caso, según ha denunciado la Agrupación de Electores VICO, se estiman ya en unos 40.000 euros anuales las pérdidas que ocasionaría esta instalación a la hacienda local, algo que coincide con el pronunciamiento de ‘Alternativa por Colmenarejo’, pues, según su secretario general, Carlos González-Amézua, estas instalaciones no van a rendir ningún beneficio al pueblo”. Al parecer, el origen de este proyecto está en una visita realizada hace 10 años por un miembro de APIC, grupo independiente liderado por la propia alcaldesa y que rige los destinos de este municipio en coalición con PSOE e IU, al aula del museo de la abeja, en Poyales del Hoyo, saliendo tan impresionado/a que propuso ubicar otro en Colmenarejo. Ya ven, nunca es tarde cuando….

Artículo publicado en “El Faro del Guadarrama” el 23/09/2010

Nota de AxC: Carlos González-Amézua no es secretario general de AxC sino Secretario de política institucional.

Sobre la desafección hacia la política

Empieza a ser un lugar común el hablar en nuestro país de desafección democrática, de la cada vez mayor distancia entre instituciones y ciudadanía o de la desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan. Y las cosas van empeorando si hacemos caso de las encuestas del CIS, éstas nos indican que en el último año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos, por delante de la amenaza terrorista.

Pero, como nos señala Joan Subirats, ese creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). En su opinión, más que un repliegue de los ciudadanos a la esfera privada, lo que nos encontramos es la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.

La acción política de los ciudadanos se ha ido desplazando hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena. Y en este proceso surge la transparencia como un valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en un sentido o en otro. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.

Y aquí es donde entra en escena la información y la comunicación. La información ya no es una dádiva que los poderes públicos conceden a los ciudadanos que les son afines sino que es una demanda de éstos. Las administraciones públicas están obligadas permanentemente a comunicar aquellas acciones que ejecutan, por lo que comunicar de manera eficaz se ha convertido en una exigencia propia de nuestras sociedades democráticas. Sin olvidar que el derecho a la información forma parte de nuestro corpus constitucional dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas, regulado por el Titulo I de la Constitución en su Capitulo 2, Sección 1.

Además la ciudadanía que no está informada no puede tomar decisiones. Y la información objetiva y veraz es condición sine qua non para la transparencia en la gestión gubernamental. Participación, Comunicación e Información deben estar integradas. Una información que debe estar al servicio del ciudadano y que debe servir para acercarlo a la organización y a las personas que en ella trabajan tanto sean políticos como técnicos. Pero esta comunicación debe ser de calidad y no sumarse al excesivo ruido publicitario y a otros impactos de información que incrementan la competencia por el recuerdo de la noticia y nos conducen a la “infopolución” o a la contaminación informativa que impide al sujeto filtrar con criterio propio la recepción de información.

La sociedad actual es cada vez más compleja y en ella la comunicación se ha convertido en un instrumento básico de relación social. Por ello las instituciones públicas necesitan estar en contacto con el público, pero también los ciudadanos demandan de las instituciones esta comunicación. Las instituciones entienden que están obligadas permanentemente a comunicar aquellas acciones que desarrollan. Comunicar y hacerlo con eficacia se ha convertido en una exigencia propia de la sociedad democrática y, en cierto modo, de la medida de la calidad de ésta; además de servir para incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Pero no es un camino fácil ni sencillo. En primer lugar, porque a pesar de la importancia del tema, en España no disponemos aún de una ley de acceso a la información (Zapatero ha anunciado que antes de fin de año contaremos con un proyecto de ley) comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas.

No debemos los españoles, por tanto, dejar pasar la oportunidad que puede suponer la aprobación de la nueva ley. Oportunidad para mejorar el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.

Los ciudadanos necesitamos poder consultar con facilidad y rapidez los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, los criterios de asignación de las subvenciones… De esa forma se facilitará la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.

Con nueva ley o sin ella los ciudadanos tenemos derecho a que las instituciones públicas nos faciliten toda aquella información que, por otro lado, es considerada pública y por tanto debe estar a nuestra disposición. Algo que debería ser cada vez más sencillo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Todo ello serviría para mejorar tanto la calidad de nuestro sistema democrático como la gestión de nuestras instituciones públicas, reduciendo la desafección ciudadana y la escasa confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.

Carmen Pineda Nebot  (politóloga, consultora de la Administración Pública)