Es cierto que los ayuntamientos no tienen expresamente asignados los servicios sociales como una de las competencias obligatorias, y que tienen que atender prioritariamente servicios que sí les vienen impuestos por la ley, pero tampoco es menos cierto que, dado que es la institución más cercana al ciudadano, debe conocer mejor que ninguna otra los problemas de los vecinos y consecuentemente priorizar el gasto social frente a otros gastos superfluos.

Las políticas sociales de ayuda a la familia se aplican prioritariamente a través de medidas fiscales, cuyas competencias recaen en el estado mayoritariamente y, en menor medida, en las comunidades autónomas. Estas instituciones disponen de los datos que le facilitan la aplicación objetiva de las ayudas que se puedan necesitar.

Las actuaciones que más efecto pueden tener sobre las familias numerosas se centran, aparte del tratamiento fiscal, en el ámbito de la educación. Disponer de Escuelas Infantiles y Centros Educativos con suficientes plazas que permitan la atención a los hijos mientras los padres trabajan, en los centros de trabajo de las grandes empresas con la creación de guarderías, en la sanidad con una mejor atención primaria y especializada.

Desde los ayuntamientos, los márgenes que quedan de actuación en el ámbito de las familias numerosas son muy escasos, y la generalización de ayudas por ser familia numerosa tampoco garantizaría por sí misma una aplicación justa de los recursos públicos. Nuestro criterio es que las ayudas habría que aplicarlas en función de la renta de estas familias y no por el hecho de ser familia numerosa, lo cual nos llevaría a la necesidad de incluir las posibles ayudas en el Programa de Servicios Sociales.

Las medidas que el Ayuntamiento puede aplicar para las familias numerosas y, repito, atendiendo a su renta, serían:

* Las deducciones en las tasas de servicios que el Ayuntamiento presta.
* La prioridad en el acceso a las plazas de guardería, escuelas infantiles y educación reglada.
* La prioridad en los accesos a la Vivienda de Protección Oficial.
* Aparcamiento reservado próximo a la vivienda, en el caso de que fuera dificultoso el aparcamiento en su zona.

A través de los Servicios Sociales, el Ayuntamiento y las demás instituciones públicas tienen la obligación de garantizar las prestaciones necesarias (educativas, sanitarias, alimentarias) para atender los derechos del niño, sin que estos se vean disminuidos en sus derechos respecto a otros.

- Los casos que se pudieran detectar tendrían la cobertura pública necesaria y contemplarían las ayudas de comedor escolar, libros, atención de guardería al margen del horario escolar, etc.

Las políticas sociales y sus destinatarios, son los que en este momento están sufriendo los mayores recortes presupuestarios, mientras que nuestro ayuntamiento se puede gastar 405.000 euros en embellecer una rotonda, ó 1.300.000 en ampliar el Centro Cívico, carece de un programa de servicios sociales.

Una consecuencia directa de la carencia de este Programa de Servicios Sociales es no disponer de datos estadísticos para evaluar el coste y los recursos necesarios para acometer esta acción.

Las ayudas sociales, y por extensión a las familias numerosas, si bien no las podemos cuantificar en este momento por las razones expuestas, deben tender siempre a garantizar los derechos básicos y aplicarse en función de la renta de la familia.

Antonio Sánchez
Vice-Secretario General de “ALTERNATIVA por Colmenarejo”

antonio.sanchez@alternativaporcolmenarejo.es